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El Gobierno pondrá fin a una deuda que el Estado mantiene desde 2009 con policías retirados
El reclamo se inició por las consecuencias provocadas desde 2005 por decretos que afectaron la movilidad de los sueldos de los retirados.
Fecha: 3 de diciembre de 2018
El Gobierno de Río Negro cancelará en 2019 las deudas que el Estado mantiene desde 2009 con más de 800 retirados de la Policía de Río Negro por diferencias en las liquidaciones de haberes, lo que había motivado la realización de distintos juicios por parte de los ex empleados.
Con ese objetivo, el gobernador Alberto Weretilneck instruyó al fiscal de Estado, Julián Fernández Eguía para que convoque a la Comisión de Transacciones e inicie un proceso de búsqueda de acuerdo con los demandantes que permita la regularización de la situación.
Independientemente del estado de los juicios, la intención del Gobierno es anticipar los tiempos judiciales a fin de lograr el pago de los créditos durante el próximo año, atendiendo su carácter alimentario y a la condición de jubilados de las personas involucradas.
Weretilneck instruyó al Fiscal de Estado para que active los mecanismos correspondientes para concretar el pago en el menor plazo posible, firmando los acuerdos de pago respetando el orden cronológico en relación al estado de avance de los procesos.
La medida alcanza a más de 40 juicios que involucran a más de 800 agentes retirados de la Policía provincial, superando los 20 millones de pesos, que impactan directamente en el mejoramiento de los haberes de quienes han prestado servicio en esta institución.
Estos juicios son consecuencia del reclamo de un ajuste de haberes de los retirados policiales porque sus pautas de movilidad se vieron afectadas a partir de la instrumentación de los adicionales no remunerativos (decretos 1393/05, 1652/05, 32/07 y 578/08 a los agentes activos y que provocaron una alteración y merma en los haberes de retiro.
En este marco, ya hay pronunciamientos judiciales firmes en la Cámara Federal de General Roca que receptan el reclamo de los demandantes, pero que aun no cuentan en todos los casos con sentencias firmes.